POLÍTICA
La norma elimina autorizaciones judiciales y amplía el poder del CIES y la Policía
La Asamblea Nacional aprobó una Ley de Inteligencia que permite a las autoridades interceptar comunicaciones sin orden judicial. Esta reforma otorga a policías y militares acceso inmediato a datos personales y tecnológicos de los ciudadanos.
El artículo 52 autoriza al director del CIES a ordenar la apertura de documentos y comunicaciones por motivos de “seguridad integral del Estado”. Esto elimina la obligación previa de justificar ante la Corte Nacional de Justicia tales acciones.
La ley también obliga a operadoras telefónicas a entregar datos en tiempo real y retrospectivos hasta por cinco años. No hay límites técnicos ni garantías claras sobre el uso de esta información, y los requerimientos pueden incluir la ubicación de celulares, registros de llamadas y datos de navegación.
Además, se establece que todos los documentos relacionados con gastos especiales serán incinerados por el Contralor. Ni siquiera futuros directores del CIES podrán auditar esos fondos, lo que deja en la sombra el uso de recursos públicos para operaciones encubiertas.
Expertos como el penalista Felipe Rodríguez señalan que el riesgo mayor no está en el texto legal, sino en su aplicación. El antecedente de abusos durante el correísmo, con figuras como Pablo Romero y Rommy Vallejo, refuerza estas preocupaciones.
| La Derecha Diario
Incluso las garantías constitucionales invocadas en el texto podrían quedar en papel, dado que la ley concentra el control en pocas manos y restringe la fiscalización desde otras entidades. La Comisión de Seguridad de la Asamblea será el único órgano con facultad para exigir informes.
Organizaciones civiles han advertido que esta ley viola el principio de proporcionalidad y pone en riesgo el derecho a la privacidad. Aunque se prohíbe la recopilación de datos por motivos de orientación política o religiosa, no existen mecanismos eficaces de control externo.
En plena lucha contra el crimen organizado, la expansión de facultades de inteligencia puede derivar en un modelo de vigilancia sin contrapesos democráticos. El equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales parece haberse desplazado peligrosamente.
La nueva Ley de Inteligencia representa un cambio estructural en el manejo de la información en Ecuador. Sin controles adecuados ni transparencia institucional, se corre el riesgo de repetir los abusos del pasado bajo una nueva legitimidad legal.
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