Una iniciativa legislativa propone un marco integral para las entidades no financieras, como Mercado Pago y Ualá, con foco en la transparencia, la protección del usuario y el control del sobreendeudamiento.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) y otros 14 legisladores del mismo bloque busca crear un régimen integral para las entidades no financieras de crédito en Argentina. La iniciativa apunta a regular a actores clave del ecosistema fintech, como Mercado Pago y Ualá, que ofrecen financiamiento de forma digital y masiva.
El diagnóstico del proyecto señala que el crédito fuera del sistema bancario ha crecido con reglas dispersas y, en algunos casos, con prácticas que afectan a los usuarios. Según fundamenta Molina, cerca del 9% de las familias se encuentra en situación de morosidad, en un contexto donde estas plataformas son, para muchos, una alternativa para afrontar gastos corrientes o de urgencia.
La propuesta se estructura sobre tres ejes principales: mayor control estatal, transparencia en el costo del crédito y protección del usuario frente a abusos. Uno de los cambios centrales es la obligación de que todas estas entidades se inscriban en un registro bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que pasaría a tener un rol más activo en la supervisión del sector.
Entre los puntos más destacados del proyecto se encuentran:
- Transparencia en tasas: Se busca obligar a mostrar el costo total real del crédito, incluyendo comisiones y seguros, desde el inicio.
- Evaluación previa: Se propone prohibir los créditos automáticos sin análisis de solvencia, estableciendo que el endeudamiento total no podrá superar el 30% de los ingresos del cliente.
- Responsabilidad de las plataformas: Las empresas serán las únicas responsables por errores en el sistema, problemas en pagos o fallas técnicas.
- Cobranzas extrajudiciales: Se busca regular y erradicar prácticas agresivas en la gestión de cobranzas.
El BCRA tendría amplias facultades para sancionar incumplimientos, lo que introduce nuevos requisitos regulatorios para el sector fintech. El proyecto abre un debate que combina regulación, innovación y consumo, en línea con tendencias observadas en otros países de América Latina. La incógnita es cómo impactará en un sector que se ha vuelto clave para la inclusión financiera de millones de usuarios.