Tras el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, gobiernos provinciales implementan guías de actuación para docentes y advierten sobre sanciones económicas a los padres de los autores de amenazas.
Los gobiernos de distintas jurisdicciones de Argentina están implementando diversas estrategias para enfrentar la ola de amenazas de ataques en establecimientos escolares. Estas medidas surgen luego del incidente ocurrido el lunes 30 de marzo en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años disparó contra compañeros, causando la muerte de uno de 13 años y dejando heridos a otros dos.
Las acciones oficiales se dividen en dos ejes principales: preventivo y punitivo. Por un lado, se han establecido protocolos y guías de actuación inmediata para los equipos docentes y directivos. Por ejemplo, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires comunicaron procedimientos que van desde la atención de alertas y la comunicación con fuerzas de seguridad hasta el trabajo pedagógico con estudiantes y familias. Se hace hincapié en no viralizar los mensajes amenazantes para evitar generar miedo y estimular imitaciones.
Por otro lado, se aplican medidas punitivas basadas en el Código Civil. En Mar del Plata, el fiscal general Fabián Fernández Garello resolvió notificar a los padres de los jóvenes responsables de amenazas, haciéndolos solidariamente responsables de los daños. En la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, anunció que los autores de las amenazas o sus familias deberán costear los operativos policiales que se desplieguen, cuyo monto estimado ronda entre 5 y 6 millones de pesos por caso. Cococcioni remarcó que estas acciones «no son una broma, sino un delito» con consecuencias legales futuras.
La semana pasada se registró un pico de 65 denuncias por amenazas similares, principalmente mediante carteles en baños escolares. Ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen con allanamientos, aprehensiones y secuestro de dispositivos electrónicos para identificar a los responsables. Las autoridades alertan sobre el «efecto copycat» o de imitación, que dificulta discernir entre falsas alarmas y amenazas verosímiles, obligando a tratar cada caso con el mismo nivel de alerta.