El proyecto oficialista busca cambios en la Ley 24901. La abogada Marta Lastra advierte que eliminar el nomenclador nacional podría fragmentar el sistema de prestaciones y generar desigualdad.
La abogada Marta Lastra, especialista en derecho de la discapacidad, criticó el proyecto del Gobierno nacional que propone modificar la Ley 24901. En diálogo con Perfil Córdoba, señaló que eliminar el nomenclador nacional implicaría pasar del derecho a la salud al “negocio de la salud” para las 5.000.000 de personas con discapacidad en el país.
Según Lastra, la iniciativa amenaza con desmembrar el sistema de prestaciones que garantiza un piso igualitario de cobertura, independientemente de la obra social o prepaga. Esto ocurre, además, en un contexto de incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad.
“Con el proyecto de Milei pasamos del derecho a la salud al negocio de la salud para las personas con discapacidad. Eliminar este nomenclador nos lleva a algo desastroso: dejar librado a las leyes del mercado el derecho a la máxima calidad de salud posible”, afirmó Lastra.
La especialista advirtió que la consecuencia directa sería la fragmentación del sistema: “Desmembrar el nomenclador nos va a llevar a tener personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría, dependiendo de la situación económica”.
Lastra describió el nomenclador actual como “magro e insuficiente”. Ejemplificó: “Tenemos prestaciones ambulatorias de 18.000 pesos. Una cobertura de hogar es un millón de pesos: ahí está incluido los pañales, la comida, las terapias, el alquiler, la vida donde duermen, todo. Un alquiler de una casa de dos dormitorios solo debe estar 800.000 pesos mínimo con expensas. No hay forma de que se pueda brindar un cuidado en una casa para ese tipo de personas”.
Asimismo, rechazó la narrativa oficial sobre supuestas irregularidades: “No se puede pensar que un pensionado que tiene una pensión no contributiva está estafando al Estado por cobrar 270.000 pesos al mes. Las auditorías deben ser con los ajustes razonables para la población a la que te estás dirigiendo”. Cuestionó también los métodos de auditoría: “Hay un gasto de 22.203 millones de pesos en mandar cartas por el servicio postal de Andis. Dicen que encuentran irregularidades porque la gente no vive en el mismo domicilio. Una persona con discapacidad que es pobre, por lo general no va a tener casa. Eso no es una irregularidad, es una ausencia de lectura social”.
Para Lastra, detrás del proyecto hay una intención política: “Lo que han hecho es iniciar una cacería de brujas y dividir la sociedad, hacerles pensar que el que está estafando es una persona con discapacidad y pobre que cobra 270.000 pesos al mes. La realidad es que son otros los que están estafando”.
La abogada amplió el análisis y apuntó al núcleo del problema: “El principal ataque de este proyecto de Javier Milei es al estado de derecho en materia de derechos humanos de una persona con discapacidad. Se están dejando de lado todos los documentos internacionales que nuestra nación suscribe”. Sostuvo que la iniciativa contradice principios como la no regresión y la progresividad en derechos, y advirtió sobre el incumplimiento de compromisos internacionales: “Existe una obligación de garantizar la máxima calidad de salud posible. Eso no es optativo, surge de los tratados internacionales que el país ratificó”.
“Se están usando herramientas legislativas y judiciales para justificar una decisión económica. No hay interés en sostener el sistema ni en proteger a la población afectada”, concluyó.