El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a 30 personas por una trama que durante una década obtuvo información confidencial de firmas legales para comprar acciones antes de anuncios públicos. La investigación contó con el apoyo del FBI.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció cargos contra 30 personas acusadas de integrar una red que durante aproximadamente diez años obtuvo beneficios millonarios mediante el robo de información reservada de despachos legales corporativos. La estructura operaba en California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey.
Según la acusación, el grupo utilizó datos confidenciales relacionados con fusiones y adquisiciones de grandes empresas para comprar acciones antes de los anuncios públicos. La investigación, encabezada por el FBI y fiscales federales de Massachusetts, reveló que Nicolo Nourafchan, abogado corporativo con licencia, y otros participantes accedieron a sistemas internos de firmas legales y revisaron documentos de adquisiciones empresariales que no formaban parte de su trabajo.
Algunos integrantes de la red distribuían los datos entre inversores y operadores bursátiles para dificultar el rastreo por parte de reguladores y agencias federales. El esquema habría utilizado información de casi 30 acuerdos de fusiones y adquisiciones de compañías públicas, incluidos algunos de los más grandes de la última década.
Los documentos judiciales también describen métodos para evitar la vigilancia federal. Los acusados emplearon teléfonos desechables, aplicaciones cifradas y conversaciones con lenguaje codificado. En algunos encuentros, los involucrados apagaban sus dispositivos electrónicos o los dejaban en otro sitio antes de discutir operaciones financieras. La investigación menciona referencias en clave sobre “vuelos” y “hospitales” para hablar en secreto sobre acuerdos corporativos y movimientos bursátiles.
El 6 de mayo de 2026, el DOJ desveló los cargos; 19 personas fueron arrestadas ese día en ciudades como Los Ángeles, Fort Lauderdale y Nueva York. Otros dos acusados permanecen prófugos y las autoridades consideran que se encuentran en Rusia e Israel.
La Fiscalía Federal de Massachusetts informó que los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bursátil, lavado de dinero, obstrucción de justicia y declaraciones falsas ante autoridades federales. Las penas máximas pueden llegar hasta 25 años de prisión y multas que pueden superar varios millones de dólares, de acuerdo con las ganancias obtenidas en las operaciones ilegales.