El Ministerio de Seguridad Nacional creó la mesa de coordinación para la seguridad de inversiones estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) con el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada.
Buenos Aires, 20 de mayo (NA) — El Ministerio de Seguridad Nacional creó la mesa de coordinación para la seguridad de inversiones estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI). La medida fue establecida mediante la resolución 461/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Según indicó el ministerio, el objetivo es “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”.
La resolución señala que las acciones de la mesa se orientarán a la identificación temprana de riesgos criminales, la protección de infraestructura crítica, la prevención de la infiltración de economías ilícitas en entornos productivos estratégicos y la coordinación interinstitucional en el marco de las competencias vigentes.
Además, la mesa podrá promover la implementación de acciones coordinadas, formular recomendaciones estratégicas, proponer líneas de acción preventiva y elaborar diagnósticos integrales de riesgo vinculados a proyectos comprendidos en el RIGI. Se constituye como un ámbito permanente de articulación interinstitucional de carácter federal, con participación de jurisdicciones y organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que resulten competentes en materia de seguridad, prevención social y coordinación del RIGI.
También podrá articular acciones con empresas titulares de proyectos comprendidos en el RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas principales y operadores logísticos y de transporte vinculados a dichos proyectos, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos criminales, promover la adopción de buenas prácticas y facilitar el intercambio de información relevante para la protección de dichas inversiones.
La mesa estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad, el Centro Regional y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Podrán ser convocados las autoridades y cuerpos policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y demás organismos nacionales o jurisdiccionales cuya intervención resulte pertinente.
La convocatoria a las reuniones y la coordinación del funcionamiento estarán a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Nacional. El Centro Regional y la Unidad Antimafia actuarán como instancias técnicas de sistematización y análisis de información vinculada a amenazas criminales asociadas a inversiones estratégicas comprendidas en el RIGI.
La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada deberá realizar el análisis estratégico de fenómenos criminales emergentes vinculados a inversiones estratégicas, incluyendo riesgos de infiltración criminal y modalidades delictivas complejas. La Secretaría de Seguridad Nacional tendrá a su cargo el análisis del despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en relación con proyectos comprendidos en el RIGI, así como la articulación con las autoridades federales, provinciales y municipales con competencia en seguridad.
Finalmente, se promoverá la cooperación voluntaria con empresas titulares de proyectos comprendidos en el RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas principales, operadores logísticos y de transporte y demás actores privados directamente vinculados a dichos proyectos, mediante el desarrollo de protocolos sectoriales de prevención, instancias de capacitación, canales formales de reporte de riesgos y mecanismos de coordinación permanente con los organismos competentes del Estado Nacional, sin generar obligaciones adicionales a las previstas en la legislación vigente.