Docentes, estudiantes y autoridades universitarias se concentran este martes en Plaza Lavalle para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, aprobada por el Congreso y suspendida por el Gobierno nacional.
Una nueva jornada de protesta universitaria se desarrolla este martes frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La convocatoria, organizada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), se extenderá entre las 11 y las 17 bajo la consigna “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”.
La actividad central comenzará a las 12 en Plaza Lavalle e incluirá clases públicas dictadas por profesores universitarios frente al edificio de la Corte Suprema. Entre los oradores previstos se encuentran el politólogo Luis Tonelli y el constitucionalista Cristian Cao, quienes abordarán temas de República, división de poderes y Derecho Constitucional. A partir de las 15, se sumarán la abogada laboralista Natalia Salvo, los diputados nacionales del Partido Justicialista Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el antropólogo Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA.
El conflicto se originó tras la sanción de la Ley 27.795 durante 2025, que establece mecanismos para garantizar el financiamiento del sistema universitario nacional y recomponer salarios docentes y nodocentes. El Poder Ejecutivo, liderado por Javier Milei, decidió suspender la norma mediante decreto, argumentando que afecta el objetivo de “equilibrio fiscal” y que la ley no definió la fuente de financiamiento para cubrir gastos operativos y salarios. En respuesta, las universidades recurrieron a la vía judicial y obtuvieron fallos favorables en primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenaron al Estado cumplir con los artículos 5° y 6° de la ley.
El 7 de mayo, la Sala III de la Cámara concedió un recurso extraordinario presentado por el Gobierno, elevando el caso a la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá decidir si mantiene o revoca la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios y becas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó además que la Corte se expida “a la brevedad” y que el juez de primera instancia avance sobre la cuestión de fondo.
Las organizaciones convocantes señalaron que la falta de financiamiento afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades, la investigación científica, el sistema de salud universitario y las tareas de extensión. “La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina, sustentada en los principios de gratuidad, autonomía, inclusión social y excelencia académica, que requieren para su sostenimiento un financiamiento adecuado”, indicaron en un comunicado.