Tras la aprobación de resoluciones que refuerzan el control oficial sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), senadores y diputados de distintos bloques presentaron iniciativas para proteger la independencia del organismo técnico encargado de analizar el costo fiscal de las leyes.
La aprobación de una serie de resoluciones por parte de la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) generó la presentación de proyectos legislativos en el Senado y la Cámara de Diputados para reforzar la autonomía de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La CSP, controlada por el oficialismo y sus aliados, dispuso que las áreas técnicas de la OPC no podrán realizar actividades extraordinarias o informes no previstos sin autorización previa, ordenó auditorías sobre el funcionamiento del organismo y limitó la capacidad de sus autoridades para modificar el presupuesto.
En el Senado, los integrantes del bloque Convicción Federal —Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán)— presentaron un proyecto de ley para reformar la norma que creó la OPC. La iniciativa propone ampliar el acceso a los informes del organismo para que puedan ser solicitados por las presidencias de todas las comisiones con competencia sobre una iniciativa, otorga mayores facultades de gestión al director general, establece mecanismos de transparencia y crea un esquema de financiamiento propio equivalente, como mínimo, al 1% del presupuesto de cada Cámara.
“La OPC es un insumo muy importante de información para todos nosotros, periodistas y la sociedad en general porque nos provee información técnica específica”, declaró Moisés. Los autores sostienen que la legislación vigente contiene “rigideces que no se le conocen a ningún otro organismo de la administración pública” y que limitan el desarrollo institucional de la oficina.
En Diputados, el radical bonaerense Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, presentó un proyecto de declaración para expresar la “profunda preocupación” de la Cámara por las resoluciones aprobadas por la CSP. “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de la Nación para producir conocimiento propio sin depender exclusivamente de la información elaborada por el mismo Poder Ejecutivo que debe controlar”, sostiene en los fundamentos.
La diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP), trabaja en un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener precisiones sobre las auditorías ordenadas, las modificaciones introducidas por la comisión y el futuro funcionamiento de la OPC.
El senador libertario Agustín Monteverde, integrante de la CSP, defendió las decisiones adoptadas y afirmó que se ajustan a las atribuciones previstas en la ley que creó la OPC. “Se dispuso expresamente que la OPC siguiese trabajando de manera normal, lo que así está ocurriendo”, declaró a través de redes sociales.
La controversia se desató luego de que la CSP aprobara las resoluciones 003 a 006 de 2026. La norma establece que la comisión tiene entre sus funciones aprobar el reglamento interno, el presupuesto, el plan anual de trabajo y la memoria institucional del organismo, así como solicitar la remoción de sus autoridades y conformar consejos asesores de expertos.
La OPC elaboró estimaciones que difirieron de las difundidas por el Gobierno durante las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad, y fue citada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.