La Cámara alta tratará en comisión dos iniciativas sobre el mercado voluntario de carbono, en un contexto de negociaciones con bloques provinciales por el temario de la próxima sesión.
El Senado debatirá este miércoles dos proyectos de ley sobre el mercado voluntario de carbono presentados por las senadoras Flavia Royón (Primero los Salteños) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones). Las iniciativas serán analizadas en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, a partir de las 10.
El tratamiento de estos proyectos se da en el marco de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques aliados de la UCR, el PRO y los bloques provinciales, que reclaman ampliar el temario de la próxima sesión, prevista para los primeros días de septiembre. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo habilitó el debate de estas iniciativas como parte de un acuerdo para destrabar el diálogo.
Los proyectos buscan establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo del mercado de créditos de carbono. Entre los puntos principales, se contempla la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), donde deberán inscribirse los proyectos que pretendan emitir, transaccionar o retirar créditos de carbono en jurisdicción argentina. También se regula el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).
El texto establece que solo se reconocerán créditos verificados por Entidades de Validación y Verificación (VVBs) acreditadas ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o estándares internacionales. Además, se promueve el uso de tecnologías de alta precisión como sensores remotos, satélites, LiDAR, dispositivos IoT, drones y estaciones de medición en terreno.
En materia fiscal, los proyectos contemplan exenciones y beneficios: los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono estarán exentos del Impuesto a las Ganancias por un período de 5 años, excepto aquellos alcanzados por el RIGI. Las inversiones en tecnología de monitoreo y la infraestructura inicial tendrán una amortización de tres años. Los proyectos registrados en el ReNaRe gozarán de estabilidad fiscal por 15 años.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que supervisará el cumplimiento de la ley y coordinará su implementación con las provincias.