El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley modificatorio de la Inocencia Fiscal, que elimina requisitos de ingresos y patrimonio, excluye a funcionarios de beneficios y ajusta el monitoreo por lavado de activos.
El 2 de enero de este año entró en vigencia la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, que incorporó al sistema tributario argentino el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, con carácter optativo para personas humanas y sucesiones indivisas.
El importe a pagar por ambos regímenes -el general y el simplificado- es el mismo, pero el simplificado se basa exclusivamente en ingresos y gastos, por lo que no requiere declaración de patrimonio inicial y final, variaciones patrimoniales ni montos consumidos.
El régimen, que comienza con el período fiscal 2025 y cuyo vencimiento para la presentación de la declaración jurada opera el 27 de agosto próximo, incluye un efecto liberatorio de pago y presunción de exactitud: el fisco no puede revisar los períodos anteriores (2024, 2023 y 2022), sujeto a una buena conducta fiscal.
El esquema contempla la posibilidad de exteriorizar dólares en efectivo sin que el fisco indague sobre su origen. La norma original se complementaba con un decreto reglamentario extenso, lo que motivó al Poder Ejecutivo a presentar un proyecto de ley modificatorio, que ya recibió dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
El proyecto traslada al cuerpo legal muchas normas de la reglamentación y agrega otras. Se eliminan los parámetros de ingresos y patrimonio neto como requisitos para optar por el régimen, ampliando el universo de contribuyentes. Los funcionarios públicos podrán adherirse solo para la determinación del impuesto, sin acceso a los beneficios. La medida no alcanza a parientes directos, cónyuges, convivientes, padres, ascendientes e hijos menores emancipados, a diferencia del blanqueo de 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.
La exclusión de los funcionarios regirá a partir de la sanción de la nueva ley, por lo que quienes ya optaron y presentaron declaraciones juradas no se verán afectados. Los grandes contribuyentes nacionales también podrán adherirse, pero sin beneficios.
El proyecto introduce modificaciones en la ley de prevención de lavado de activos, con un monitoreo de baja intensidad para promover la reglamentación de la exteriorización de dólares.
Hasta el momento, se registran alrededor de 421.000 contribuyentes adheridos al régimen, sobre un total de cerca de un millón de contribuyentes en el Impuesto a las Ganancias.
Dado que la aprobación del texto legal está prevista para fecha posterior al vencimiento de las declaraciones juradas, se plantea la necesidad de que la administración tributaria postergue dichos vencimientos. También se menciona la situación de quienes no pudieron optar por el régimen debido a los parámetros vigentes y de quienes optaron pero no realizaron el ingreso del impuesto.