El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini investiga la actuación administrativa del Patronato del Liberado y la jurisdiccional del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Córdoba en el cumplimiento de una condena a Maximiliano Baudraco, quien asesinó a su expareja el 20 de julio en Santa María de Punilla.
El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini investiga la actuación administrativa del Patronato del Liberado y la jurisdiccional del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Córdoba en el cumplimiento de una condena a dos años y dos meses de prisión condicional impuesta en octubre del año pasado a Maximiliano Baudraco por violencia familiar.
Tras la sentencia de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, Rocío Gómez presentó nuevas denuncias. Sin embargo, el 20 de julio pasado, y a pesar de una orden que le impedía acercarse a ella, Baudraco la asesinó a puñaladas en Santa María de Punilla.
La condena incluía la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, la abstención de consumir alcohol y drogas, la realización de un tratamiento psicológico en violencia de género y el cumplimiento de tareas comunitarias. Según testigos, no cumplió con esas condiciones.
En la cronología de los hechos, el Patronato del Liberado habría presentado su informe ocho horas después de que se produjo el femicidio.
Hace 15 días, la abogada Daniela Morales Leanza, en representación de la familia de la víctima, denunció estos hechos. «No debemos acostumbrarnos a decir que el sistema falló porque hay responsabilidades y funciones», señaló la letrada. Agregó que la titular del Patronato del Liberado, Patricia Corvalán, «mintió a toda la sociedad» cuando aseguró que se hicieron los controles y se presentaron los informes al Juzgado de Ejecución, a cargo de Facundo Moyano Centeno.
La abogada sostuvo que el último informe ingresó al Juzgado después del crimen. La investigación busca determinar si existieron fallas o faltas graves en el control y ejecución de la condena.
El fiscal ordenó avanzar con medidas de urgencia luego de tomar declaración a una testigo que aportó datos «muy importantes» para la investigación, según fuentes judiciales. Se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las dependencias del Patronato en la ciudad de Córdoba y en Villa Carlos Paz. En los operativos se secuestró un volumen importante de documentación que se encuentra bajo análisis de los peritos judiciales.
La investigación judicial expuso el estado de precarización en el que opera la repartición pública encargada de supervisar a los condenados bajo regímenes de libertad o ejecución de pena. El organismo padece una «absoluta carencia de recursos» y cuenta con un personal escaso, alrededor de 20 empleados, para cubrir las necesidades de toda la provincia de Córdoba.
Además, el organismo se rige bajo un criterio de cero informatización. El control de los internos se asienta de manera exclusiva en legajos de papel y mediante el uso de formularios de carácter precario, lo que según los investigadores impide llevar adelante un control estricto.
El núcleo de la denuncia de la querella apunta a la existencia de un posible encubrimiento u ocultamiento de negligencias. La abogada de la familia de Rocío Gómez sostiene que el último informe de control de Baudraco fue presentado ante la Justicia el lunes 20 de julio, a las 15:30 horas, horas después de que el femicidio se consumara y cuando la noticia ya se había difundido en los medios de comunicación. La sospecha es que los funcionarios del Patronato, al enterarse del crimen, acudieron de urgencia al expediente para incorporar el informe y simular que habían cumplido a tiempo con sus obligaciones de supervisión.
Desde el Ministerio de Justicia, del cual depende el Patronato, se informó que avanza la investigación administrativa y no hubo cambios en la jefatura, donde permanece Patricia Corvalán.