El Ministerio de Justicia presentó un proyecto para reformar y reducir el fuero federal de Comodoro Py, que incluye la reducción de la Cámara de Casación y de los juzgados de instrucción.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, presentó un proyecto para reformar y reducir el fuero federal de Comodoro Py. La iniciativa contempla la reducción de la Cámara Federal de Casación de trece a nueve integrantes y la disminución de los juzgados de instrucción de doce a diez u ocho.
Según el proyecto, la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal y la instancia previa a la Corte Suprema, pasaría de cuatro salas más presidencia a tres salas, evitando así futuros concursos para cubrir cargos vacantes. Actualmente, tres de sus cargos se encuentran vacantes.
En cuanto a los juzgados federales de instrucción, se evalúa reducir su número de doce a diez u ocho, considerando que existen cuatro vacantes tras las salidas de Sergio Torres, Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y la renuncia de Luis Rodríguez.
Una fuente judicial declaró a Clarín: «Habrá un cambio sustancial en la modalidad de trabajo de Comodoro Py, donde desde abril de 2027 será necesario contar con más fiscales». Esta modificación responde a la implementación del sistema acusatorio fijada para abril de 2027 en el fuero federal.
Bajo el nuevo esquema, los fiscales asumirían la investigación de los casos desde el inicio hasta la etapa de acusación y juicio oral. Los jueces de instrucción se transformarían en jueces de garantías, juicio o revisión, con la misma escala salarial. La fuente aclaró: «No pierden poder, cumplirán funciones más amplias, serán garantes del proceso».
Actualmente, son los magistrados quienes deciden si una pesquisa se delega a los fiscales, pero esto cambiará con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ya está vigente en 17 jurisdicciones del país.
La normativa plantea la igualdad salarial entre los distintos tipos de jueces, ya que actualmente un juez de instrucción percibe un salario inferior al de un Tribunal de Juicios. También se consideró que el edificio de Comodoro Py tiene una dotación cinco veces mayor que las cabeceras de las jurisdicciones del Interior.
El proyecto requerirá aval parlamentario en el Congreso de la Nación. Según la fuente, la vía del decreto podría exponer la medida a judicialización y obstaculizar su implementación.