A horas de que expire el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, legisladores demócratas y el Caucus Hispano del Congreso instaron al gobierno de Estados Unidos a extender el beneficio. La designación vence el 9 de septiembre.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador en Estados Unidos vence el 9 de septiembre, según confirmaron legisladores demócratas en publicaciones en la red social X. El congresista Eugene Vindman (Virginia), la senadora Catherine Cortez Masto (Nevada) y el Caucus Hispano del Congreso solicitaron al gobierno que extienda la protección para los beneficiarios salvadoreños.
El congresista Vindman afirmó: “Forzar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”. También sostuvo que esas personas formaron hogares y desarrollaron vínculos laborales y comerciales en territorio estadounidense. Vindman presentó el 3 de septiembre un proyecto de ley que propone una extensión de 18 meses para los beneficiarios salvadoreños del TPS. La iniciativa contempla que quienes ya cuentan con esa protección puedan mantener su residencia legal temporal y sus permisos de trabajo a partir del 9 de septiembre de 2026.
En otra publicación, Vindman vinculó la medida con su propia experiencia como refugiado de la entonces Ucrania soviética y aseguró que los salvadoreños que viven en Virginia son vecinos, compañeros de trabajo, propietarios de pequeños negocios y amigos de las comunidades donde residen. Tras participar de una mesa redonda con beneficiarios del TPS, indicó que su propuesta busca darles continuidad y estabilidad.
La senadora Cortez Masto dirigió este martes su petición al presidente Donald Trump. “El TPS para El Salvador vence mañana, pero todavía hay tiempo para que el presidente haga lo correcto”, señaló en X. La legisladora exigió una prórroga de la designación para los salvadoreños.
Durante una conferencia de prensa, Cortez Masto sostuvo que los beneficiarios salvadoreños del TPS han formado familias, abierto negocios y contribuido a la economía estadounidense durante más de dos décadas. Según señaló, este grupo aporta cerca de USD 5,400 millones anuales a la economía y paga USD 1,500 millones en impuestos. En Nevada, afirmó, hay más de 5,800 titulares de TPS, en su mayoría salvadoreños, con presencia en los sectores de la hotelería y la construcción. La senadora alertó que la pérdida de esos trabajadores tendría consecuencias para la fuerza laboral y la economía estatal, en especial en Las Vegas.
La legisladora reclamó una extensión de uno o dos años para el programa y defendió una salida permanente mediante una vía a la ciudadanía. Recordó que presentó iniciativas para permitir que los beneficiarios del TPS accedan a la residencia legal permanente y para que quienes tengan familiares ciudadanos estadounidenses puedan ajustar su estatus sin salir del país.
El Caucus Hispano del Congreso elevó la presión sobre la administración federal. La agrupación advirtió que 170,000 titulares salvadoreños del TPS podrían quedar expuestos a la pérdida de la protección si el Departamento de Seguridad Nacional no actúa antes del vencimiento. El bloque legislativo afirmó que 277,000 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 150,000 menores, viven en hogares con integrantes protegidos por el programa. El caucus indicó que una eventual expiración podría separar familias y expresó su respaldo a organizaciones migratorias que reclaman la renovación del beneficio.
El TPS es una figura migratoria temporal que Estados Unidos concede a ciudadanos de países afectados por conflictos, catástrofes naturales u otras circunstancias extraordinarias. No habilita de forma automática una residencia permanente ni la ciudadanía, aunque suspende deportaciones y permite tramitar una autorización de empleo mientras la designación está vigente.
La posible finalización del TPS suma incertidumbre a la economía de El Salvador, donde las remesas constituyen una fuente de ingresos para numerosos hogares. El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, alertó que una resolución adversa puede modificar las decisiones financieras de los migrantes. Ante el temor de perder el estatus legal, algunos podrían vender bienes o cerrar negocios en Estados Unidos para transferir recursos de forma anticipada a su país de origen. Ese movimiento puede elevar los envíos en un primer momento, aunque luego puede llevar a una reducción de las remesas regulares destinadas al pago de alimentos, alquileres, educación, salud y servicios básicos. Los datos de junio y julio ya mostraron una caída interanual en la entrada de remesas, según datos oficiales.
La propuesta de Vindman cuenta con el apoyo de We Are CASA y del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Ambas organizaciones plantearon que una prórroga ofrecería una respuesta transitoria, aunque también reclamaron soluciones permanentes para las familias amparadas por el TPS, muchas de las cuales llevan más de dos décadas en Estados Unidos.