La deuda reconocida por el Gobierno con los prestadores del programa Incluir Salud asciende a $69.550 millones, con saldos pendientes desde noviembre de 2025. Pacientes de todo el país denuncian demoras en la entrega de medicamentos y tratamientos.
Al menos hasta el 29 de abril, la deuda reconocida por el Gobierno en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete en el Congreso con los prestadores del programa Incluir Salud ascendía a $69.550 millones y acumulaba saldos pendientes desde noviembre de 2025. En el documento que Manuel Adorni defendió en la legislatura ese día, el Ministerio de Salud informaba que, “durante la última semana de abril, se está dando continuidad al proceso de regularización de los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre”.
PERFIL consultó a esta cartera si esto se había efectivizado finalmente el 30 de abril, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta. El programa, según describe su sitio web, está destinado a brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de una red pública de prestadores y a garantizar que todas las personas titulares de una Pensión no Contributiva “puedan acceder a atención de calidad independientemente de dónde vivan”. En total, de acuerdo con una de las respuestas del informe de gestión de más de 1.900 páginas, de este sistema dependen 714 mil personas.
Las demoras en los pagos, explicaron desde el Ministerio en el documento escrito, “responden a un proceso de reordenamiento estructural del área, orientado a corregir desvíos acumulados”. Sin embargo, los reclamos de pacientes que no pueden esperar continúan acumulándose. Desde la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) compartieron algunas de las inquietudes más recientes: pacientes con artritis reumatoidea que no reciben su medicación y notaron una reactivación de su enfermedad; el avance de cuadros de enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple; casos de pacientes con neuromielitis óptica; y pacientes con trastornos de Fabry, Gaucher y Pompe que tampoco están accediendo a sus tratamientos. En Tucumán, hay demora en las entregas y la gente deambula de un lado a otro en la búsqueda de la medicación.
El Ministerio de Salud insistió en que “estas demoras no responden a una reducción de la cobertura ni a una desatención de las personas con discapacidad, sino a una decisión de política pública orientada a ordenar, transparentar y hacer sustentable el sistema”. Pero mientras el documento oficial informa que “dichas demoras se vinculan con los resultados de la intervención del organismo, que puso de manifiesto la existencia de circuitos administrativos fragmentados, debilidades en los mecanismos de control y una limitada trazabilidad del gasto”, los pacientes con fibrosis quística resisten como pueden.
María Eugenia Koolen, asistente social de la Asociación de Fibrosis Quística Argentina (Fipan), aseguró: “Es muy perverso: a los pacientes no les dicen que no. Les dicen cosas como ‘acá no es la oficina, esto no está en el vademécum, anda para allá, anda para acá’. La gente de Incluir es la más vulnerable, la que tiene menos recursos económicos, menos recursos de todo tipo, como para estar atrás de sus medicamentos”. La profesional explicó que existen demoras y “muchas trabas”, y que los pacientes recurren a hospitales o donaciones para obtener sus medicamentos.