La Corte Suprema de la Nación presentó una serie de recomendaciones al Consejo de la Magistratura con el objetivo de reformar el proceso de selección de jueces federales. El documento, firmado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, propone cambios estructurales para reducir la politización del sistema y elevar los estándares de idoneidad.
Un sistema bajo la lupa
La iniciativa del máximo tribunal se conoce en un momento de particular escrutinio sobre el Poder Judicial. Según una encuesta de Poliarquía difundida en febrero, mientras la Corte Suprema es la institución con mayor aprobación pública (48%), la justicia ordinaria comparte los últimos lugares en la confianza ciudadana junto con los sindicatos.
Esta percepción contrasta con la valoración diferenciada que hace la sociedad entre el tribunal superior y los jueces de instancias inferiores. La encuesta refleja una disociación clara entre ambas instancias en la opinión pública.
El núcleo de la propuesta
La recomendación de la Corte focaliza en el mecanismo de los exámenes orales ante el Consejo de la Magistratura. El documento sostiene que es en esta instancia donde la influencia política se hace más evidente, afectando la objetividad en la evaluación de los postulantes.
La propuesta sugiere otorgar mayor peso a los antecedentes académicos, la trayectoria profesional y las condiciones morales de los candidatos, relegando la importancia decisiva del examen presencial. El objetivo declarado es establecer un sistema más técnico y menos susceptible a negociaciones políticas.
Un diagnóstico compartido
En los fundamentos de la acordada, Rosenkrantz y Lorenzetti señalaron que la administración eficiente de justicia es una deuda de la política en las últimas cuatro décadas de democracia. Históricamente, según su análisis, la oposición carecía de mayorías para impulsar cambios, mientras que los oficialismos priorizaban designaciones afines antes que la excelencia institucional.
El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no suscribió el documento por considerar que su firma como titular de la Corte podría anular su voto como presidente del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que comparte los principios esenciales de la propuesta, sin por ello descartar otras iniciativas de reforma en discusión.
Alcance y contexto
Es importante destacar que la acordada no constituye una orden de cumplimiento obligatorio, sino una recomendación formal del máximo tribunal al organismo encargado de la selección y remoción de magistrados. Su carácter es administrativo y no jurisdiccional, por lo que requirió la firma de dos de los tres ministros para su validación.
El debate sobre la calidad y la independencia del Poder Judicial se reavivó recientemente tras el intento del gobierno de Javier Milei de cubrir dos vacantes en la Corte. La propuesta, que incluía nombres con valoraciones dispares, fue rechazada por el Senado, pero mantuvo en la agenda pública la discusión sobre los criterios para designar a los jueces.
La recomendación de la Corte Suprema representa un posicionamiento institucional inédito que busca sentar bases para una futura depuración del sistema. Su impacto dependerá de la voluntad política del Consejo de la Magistratura y del consenso que pueda generarse en torno a una reforma largamente postergada.