La víctima había sido arrestada por desorden en la vía pública y murió dentro de una celda. Los efectivos serán acusados de tortura seguida de muerte.
Seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en el marco de la investigación por la muerte de Mauro González, de 35 años, ocurrida el 17 de enero en un calabozo de la Comisaría 8ª de la capital provincial. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.
De los seis policías aprehendidos, cinco pertenecen al Comando Radioeléctrico y uno al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). La investigación apunta a determinar las responsabilidades de los uniformados en el procedimiento previo al fallecimiento.
Según consta en el expediente, González fue detenido el 17 de enero en el barrio Yapeyú, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un desorden en la vía pública. Fue trasladado en una camioneta policial, donde habría sido golpeado en reiteradas oportunidades mientras permanecía esposado, según registros fílmicos incorporados a la causa. Horas más tarde fue encontrado sin vida dentro de un calabozo.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es que el fiscal que intervino inicialmente había ordenado su liberación alrededor de las 22.40 del 17 de enero, pero esa disposición nunca se concretó. Cuando los efectivos se disponían a notificarlo para hacer efectiva su libertad, González fue hallado sin signos vitales.
La causa pasó de la Fiscalía de Homicidios a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que ordenó la aplicación del Protocolo de Minnesota, instrumento internacional para investigar muertes bajo custodia del Estado.
La vocera oficial del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, declaró: “Estamos del lado de los policías buenos. En contra de los que con el uniforme terminan siendo delincuentes, ese es el posicionamiento. La investigación se lleva adelante”.
En los próximos días se desarrollará la audiencia imputativa, donde los seis efectivos serán acusados del delito de tortura seguida de muerte. La Justicia resolverá si continúan el proceso en prisión preventiva o bajo otras medidas restrictivas.